Cambios fundamentales del nuevo reglamento: en primer lugar, la cobertura total del alcance de la certificación, todos los componentes básicos de seguridad del ascensor, como el equipo de seguridad, el limitador de velocidad, el amortiguador, el dispositivo de bloqueo de puertas, el armario de control y la máquina de tracción, deben obtener la certificación PS. Se prohíbe la venta e instalación de componentes de seguridad sin certificación separada en el mercado filipino, cancelando el modo de importación simplificado del certificado ICC original; en segundo lugar, la auditoría de supervisión anual obligatoria, las empresas que hayan obtenido la certificación PS deben aceptar una auditoría anual de supervisión de fábrica, que cubre todas las dimensiones del sistema de garantía de calidad, el control del proceso de producción, la consistencia del producto y la calibración del equipo de prueba, con una cobertura de auditoría del 100%; en tercer lugar, los requisitos de prueba más estrictos, los productos deben completar las pruebas de tipo en BPS los laboratorios acreditados en Filipinas, añaden elementos de prueba de protección contra incendios, resistencia a terremotos y compatibilidad electromagnética EMC y no aceptan informes de pruebas de laboratorios extranjeros; en cuarto lugar, el requisito de representación local, las empresas exportadoras deben designar un representante local autorizado en Filipinas, responsable del registro del producto, la solicitud de certificación, el atraque de la supervisión del mercado y la tramitación de las quejas. Las empresas que no tengan representantes locales no pueden solicitar la certificación; en quinto lugar, gracias a la mejora de la supervisión del mercado, las aduanas filipinas incluyen los ascensores y los componentes de seguridad entre los principales productos de inspección. Cada lote de productos debe presentar un certificado PS. Los productos sin certificado se devolverán directamente. Las empresas que vendan productos no certificados recibirán una multa de hasta el 30% del valor de la mercancía. Las personas con circunstancias graves serán incluidas en una lista negra y se les prohibirá entrar en el mercado filipino en un plazo de 5 años.